¿Qué hacer tras un concurso de persona física?

Álvaro Represa. Abogado. Departamento de Derecho Mercantil.

Aunque desde la reforma concursal producida por el RD-Ley 1/15 de Segunda Oportunidad ya existía la posibilidad de exclusión del pago de los créditos concursales que no han podido ser satisfechos por insuficiencia de activo para deudores persona física o bien de que se abone en un plan de pagos a 5 años, nos encontramos ahora con la novedad jurisprudencial introducida por la Sentencia del Tribunal Supremo 381/2019 de 2 de julio.

¿En qué consiste la segunda oportunidad?

En primer lugar, examinamos brevemente en qué consisten las medidas establecidas para la segunda oportunidad o fresh start recogidas en el art. 178 bis LC. Debemos partir de que ha de haberse concluido el concurso de acreedores de la persona física para que pueda entrar a aplicarse dichas medidas. De esta forma, si finalizado el concurso el deudor no puede hacer frente a los créditos que quedan por satisfacer porque no quedan más bienes y derechos que realizar, podrá pedir al Juzgado que se le conceda un beneficio que le permitiría iniciar una nueva actividad sin verse lastrado por las deudas que quedaron pendientes o bien acordar un plan de pagos si no cumple todos los requisitos.

¿Qué ha cambiado ahora?

La novedad introducida por la STS 381/2019 de 2 de julio es que falla contra la Agencia Tributaria Estatal (AEAT) en caso de que el deudor no pueda acogerse a la opción de la exoneración sino a la del plan de pagos, considerando que para que se dé una verdadera segunda oportunidad, los créditos concursales públicos (incluye también a la Seguridad Social) también deben quedar sometidos al régimen establecido en el RDL 1/15 de Segunda Oportunidad. En caso contrario, dice, se entraría en una contradicción porque se tratarían las deudas privadas de una forma y las públicas de otra, quedando el pago de éstas al criterio de la Administración y no a las reglas concursales; e incluso, llegar a que se abonen créditos que se clasifican en el último rango de la escala que establece la LC sólo por el hecho de ser públicos antes que los privados que estuvieran en una escala superior.

Por tanto, el Tribunal Supremo se pronuncia ampliando las reglas establecidas para la segunda oportunidad también a los créditos de Derecho público en caso de que el deudor cumpla los requisitos para acogerse a un plan de pagos del pasivo que no se pudo abonar en el concurso de acreedores.

Si tiene cualquier duda o quiere que le gestionemos la fiscalidad de su alquiler vacacional, no dude en ponerse en contacto con nosotros mediante correo electrónico a asesoria@cmlzabogados.com o bien llamando al 952 217 950 o, si lo desea, podrá visitarnos en nuestro despacho situado en Alameda Principal número 44, 4º Derecha, 29005, Málaga.

LA FISCALIDAD DE LOS ALQUILERES VACACIONALES

Cristina Reyes. Asesora Fiscal.

La fiscalidad de los alquileres vacacionales

Con vistas a la campaña del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que se inicia el próximo mes de abril, es importante conocer la fiscalidad que se aplica en los alquileres, tanto por vivienda habitual como por alquiler vacacional, ambos rendimientos muy perseguidos por la Administración Tributaria en su cruzada contra el fraude fiscal. En este caso, centramos la atención en los alquileres vacacionales debido a su gran auge por el uso de las plataformas de intermediación turísticas.

Las plataformas online permiten una cómoda gestión de estos nuevos usos inmobiliarios, pero hay que reseñar que cada propietario es responsable de cumplir la normativa en todos los aspectos, según marca cada Comunidad Autónoma en materia de arrendamiento vacacional.

Conocer la legislación aplicable, en estos casos, le permitirá evitar sanciones indeseadas y beneficiarse de ventajas económicas derivadas de una adecuada planificación fiscal.

 ¿Qué fiscalidad se le aplica?

TRIBUTACIÓN DE ALQUILERES VACACIONALES

Lo primero que hay que tener en cuenta es que, es obligatorio incluir en el IRPF los beneficios obtenidos por esta modalidad de alquiler y, en segundo lugar, que dichos arrendamientos están regulados por cada Comunidad Autónoma, variando en cada territorio las estancias mínimas, el alquiler de habitaciones, entre otros.


Por lo que, el beneficio obtenido es calificado como rendimiento del capital inmobiliario a efectos de la declaración de la renta y, por tanto, sometido a tributación. El importe a declarar es el rendimiento neto de la actividad. Es decir, al beneficio bruto se podrán deducir gastos de financiación, reparaciones, tributos, comunidad, prima de seguros, cuota de amortización calculada en base al valor catastral de la vivienda… además de cualquier otro gasto incluido en el ejercicio. Eso sí, es necesario realizar el cálculo correcto puesto que la deducción de gastos estará en función de los días efectivamente alquilados.

No se debe olvidar que, por el número de días en los que el inmueble está vacío también debemos de tributar puesto que la propia Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas expresamente lo califica como imputaciones de renta.

En el caso de que se realicen servicios propios del sector turístico, la forma de tributar también varía, pues en este caso se desarrolla una actividad económica y deberás tributar como tal. Esto implicará que, como propietario deberá darse de alta en el Impuesto de Actividades Económicas, realizar las correspondientes declaraciones trimestrales, cumplir con la declaración del IRPF y el IVA cuando corresponda y dar de alta el inmueble en el Registro de la Comunidad Autónoma correspondiente.

Si tiene cualquier duda o quiere que le gestionemos la fiscalidad de su alquiler vacacional, no dude en ponerse en contacto con nosotros mediante correo electrónico a contabilidad@cmlzabogados.com o bien llamando al 952 217 950 o, si lo desea, podrá visitarnos en nuestro despacho situado en Alameda Principal número 44, 4.º Derecha, 29005, Málaga.

TARJETAS REVOLVING

Faustino Moztazo. Abogado. Derecho Bancario

Tarjetas revolving

¿TIENES UNA TARJETA REVOLVING?

Son un tipo de tarjetas, muy común en nuestro sistema financiero (Pass de Carrefour, Wizink….) y que tienen unos intereses USUREROS.

Es una línea de crédito cuyas disposiciones, se realizan mediante el uso de una tarjeta bancaria. Los límites de las mismas suelen rondar va entre los 600-6000 euros, de los cuales puede disponer el consumidor a su gusto.

A diferencia, de lo que ocurre en una tarjeta de crédito habitual, en el caso de la revolving, la devolución de ese dinero se realiza de forma APLAZADA, mediante cuotas que pueden ser fijadas por el propio usuario, que van generando, a la misma vez que se paga, unos intereses mensuales por la cantidad que se adeuda.

¿Que problemas presenta esta tarjeta para los consumidores?

 Los intereses y comisiones que encierran suelen ser muy altos, sobrepasando los límites de la USURA, y por otro lado, si se produce algún impago, la deuda impagada se suele capitalizar nuevamente (se suma a la cantidad pendiente de amortizar), lo que va a generar nuevamente, intereses o incluso el posible cargo de comisiones por reclamación de cuotas impagadas o de posiciones deudoras.

¿El TAE y su significado?                                      

El TAE, es el interés que REALMENTE se paga por el uso de estas tarjetas, Este tipo de interés  tiene que rondar el 20-26%, para ser considerado como USURARIO  y por tanto, reclamable a las entidades financieras.

Puedo aparecer en los recibos o en el contrato firmado con la entidad financiera, pero las entidades financieras suelen disfrazarlo en los contratos, refiriéndose al tipo de interés mensual o TIN.

El TIN (tipo de interés nominal mensual) que aparece, en los propios recibos que emite la entidad financiera, el cual debemos multiplicar x 12 (meses del año) para saber que TAE tenemos,  y si supera el 20%, entonces su tarjeta de crédito puede ser considerada abusiva, por el criterio de los Tribunales sobre la Ley de la Usura de 1908, y por tanto, podemos buscar la devolución de lo pagado de más.

¿Que opinión tienen nuestros Tribunales sobre estas tarjeta?

Primer queremos destacar que, los tipos de intereses que se pagan, asociados a estas tarjetas, son intereses remuneratorios, es decir, son el precio que tiene solicitar un “crédito” y por tanto, no deberían ser nulos, porque se considera que todo consumidor conoce que, si pide un crédito debe pagar un precio por ello.

Lo que aquí se discute, no es el control de transparencia o incorporación de dichos intereses, sino que estos intereses deben ser considerados como abusivos, en virtud de la Ley de Azcárate de 23 de Julio de 1908, cuyo artículo 1 nos dice:

Será nulo todo contrato de préstamo en que se estipulen un interés notablemente superior al norma del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquél leonino”

La referencia comparativa, que utilizan los Jueces españoles, para determinar si un prestamos es usurario es el interés medio aplicado en operaciones similares por las entidades financieras, y que actualmente se establece el límite en torno al 20% de TAE.

¿Que efectos tiene la declaración de un crédito como usurario?

Cuando se determina que un crédito es usurario, este deviene NULO DE PLENO DERECHO, por tanto, el consumidor solo quedaría obligado a pagar el dinero recibido SIN INTERESES.

Esta acción NO PRESCRIBE NI CADUCA, por lo que es reclamable, a pesar de que, ya se haya cancelado el crédito o tarjeta revolving

¿Procedimiento para reclamar?

1º) Reclamación previa al Servicio de Atención al Cliente de tu banco:

  • Necesitamos copia del contrato firmado con la entidad, y si no lo tiene, se puede solicitar una copia a la entidad, ya que la Orden EHA/2899/2001 de 28 de octubre de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios, obliga por su art.7 a que las entidades, conserven y entreguen el correspondiente ejemplar del documento contractual firmado entre las partes.
  • Necesitamos un resumen  detallado de la liquidación y movimientos de nuestra tarjeta revolving.

Esta documentación debemos solicitarla a la entidad, y si es negada por la misma,  interpondremos la oportuna demanda y debemos demostrar que esta liquidación, ha sido denegada por la entidad.

En esta reclamación, solicitaremos a la entidad que anule nuestro contrato por USURARIO, y que,  devuelva las cantidades abonadas, por los intereses asociados al mismo.

Si la respuesta del banco es negativa o pasan más de dos meses desde que se reclamó, habrá que interponer la oportuna demanda judicial, para hacer valer nuestros Derechos.

Para que se vea mejor, el proceso que sigue una tarjeta revolving, vamos a poner un ejemplo:

Vamos a realizar la comparativa a partir de un préstamo de 1.000 euros, con un tipo de interés anual del 29%.

Préstamo con el sistema de interés simple

Si pedimos 1.000€ y los queremos devolver en 12 meses, al final de ese plazo habremos pagado exactamente 1.290€ (1.000 € + 290 de intereses).

Si dividimos el total (1.290€) entre 12 pagos, esto nos da una cuota de 107,50€ al mes.

Y una vez transcurridos esos doce meses habremos abonado la totalidad del préstamo.

– Préstamo con una tarjeta con sistema “revolving”

Tenemos una deuda de 1.000€ y hemos firmado un interés anual del 29%, hasta aquí todo igual que en el interés simple.

Pero con el “revolving” no tienes un plazo estipulado para devolver el dinero prestado, sino que tu entidad te da la opción de poder escoger que cantidad quieres abonar al mes, eso si, con un mínimo a pagar del 3% de la deuda que mantengas en el momento de realizar la liquidación mensual.

Lo que quiere decir que, en el ejemplo de los 1.000€, sabes que como mínimo tendrás que pagar una cuota de 30€ al mes, pero sin duración definida, en principio parece que suena bien ¿no?.

Pero en la práctica la cosa es bien diferente, comencemos con el proceso:

Primer mes

Como tu economía está al límite, pagas los 30€ de cuota mínima, por lo que según tus cuentas ahora debes 970€ (1.000 – 30= 970)

Pero no has caído en la cuenta de que durante ese mes se han estando generando unos intereses del 29% sobre esos 1.000€ iniciales que debías, y esos intereses ascienden a 24,17€, que sumados al capital que aun debes (970 €) hacen un total de 994,17 €, aquí es donde te empiezas a dar cuenta de que algo no va bien, porque has pagado 30€ pero realmente solo has descontado 5,83€ de tu deuda.

Segundo mes

Mantienes un saldo pendiente de 994,17€, y como sigues igual de ahogado que el mes anterior o peor, vuelves a pagar la cuota mínima (30€), por lo que la deuda debería haber descendido hasta los 964,17€, pero al igual que el mes anterior se han generado unos intereses del 29% (24,03€) que sumados al saldo que aun debes da un total de 988,20€, con lo que tras haber vuelto a pagar 30€ solo has descontado realmente 5,97€.

Este proceso se repetirá todos los meses hasta que tu deuda quede liquidada, y si no aumentas la cuota sensiblemente o abonas el total nada más que puedas, puedes estar hasta casi 12 años pagando 30€ mensuales para acabar de abonar esos 1.000€ que solicitaste inicialmente, los cuales posiblemente pediste porque necesitabas una ayuda puntual para sobrevivir, y en tu entidad te dijeron que era una excelente solución creada para casos como el tuyo, que para que ibas a pedir un préstamo “normal”, que lo devolvías poco a poco, casi sin darte cuenta…

Pues bien, si sigues pagando esos 30€ al mes, al final (casi 12 años) habrás pagado más de 4.000€.

Pero la estafa no acaba aquí, ya que la simulación anterior está realizada bajo la premisa de que no hayas devuelto ningún recibo por falta de saldo, veamos que ocurriría en ese caso:

Supongamos que el tercer mes tu entidad te pasa el cargo de la mensualidad y no tienes saldo en la cuenta, por lo que el recibo es devuelto.

El saldo final que tenias después de 2 meses era de 988,20€ de deuda, a los que hay que sumar los 24,03 € de intereses, lo que da un saldo total de 1.012,23€.

Pero como se ha devuelto el recibo, la entidad te suma 30 € más en concepto de comisión por reclamación de recibo devuelto, con lo que ahora ya debes 1.042,23€.

Y para “rematar la faena”, como te has excedido del límite de crédito de tu tarjeta (que era de 1.000 €), te cargan otros 30€ por ese concepto, por lo que de “golpe y porrazo” tu deuda ha ascendido a 1.072,23€.

Una vez llegados a este punto, y si sigues pagando el mínimo estipulado (3% de la deuda total), que ahora sería de 32,17€, el cuarto mes quedaría liquidado de este modo:

1.072.23€ más 25,89€ (29% interés) dan un total de 1.098,12€, a los que restamos la cuota mínima que vamos a pagar (32,17€), da un saldo de deuda de 1.065,95€.

Pero como de nuevo hemos superado el límite de crédito de la tarjeta, nos vuelven añadir otros 30 € por haber excedido del límite de crédito, con lo que al final deberemos 1.095,95€.

Si continuamos con la misma progresión, cada mes que pase deberemos más dinero a la entidad (los cálculos son muy sencillos de hacer), y NUNCA ACABAREMOS DE PAGAR LA DEUDA.

¡¡¡¡NO ESPERE MÁS Y RECUPERE SU DINERO!!!!

Infórmese antes y sepa las cantidades aproximadas que le corresponderían.

  • Nuestro departamento de Derecho bancario le realizará un informe gratuito sobre la viabilidad de su reclamación, y el procedimiento a seguir para recuperar su dinero.


Pida su cita, para una consulta gratuita en nuestro despacho y le informaremos de todo sin compromiso.

Mandando un correo electrónico a legal@cmlzabogados.com o llamando al 952 217 950 para concretar su cita o mándenos una copia de su contrato firmado con la entidad bancaria o financiera  escaneada y le informaremos sin coste del dinero que pudiera recuperar.

¿Qué es el IRPH o Índice de Referencia de los Préstamos Hipotecarios?

Faustino Mostazo . Abogado. Derecho Bancario.

IRPH Índice de Referencia de los Préstamos Hipotecarios

Seguro que ha ido hablar del IRPH o de su homóloga “claúsula suelo”, entiéndase siempre desde el punto de vista del “abuso” que, los bancos han producido a los consumidores, cuando algunas de las dos era aplicada en una hipoteca.

Si tu hipoteca no estaba afectada por la cláusula suelo, muy seguramente lo estará por el IRPH, y a continuación te queremos contar desde CAMACHO LOZANO ABOGADOS, todo lo relacionado con el mismo, para que puedas reclamar tu dinero con todas las garantías.

¿Qué es el IRPH o Índice de Referencia de los Préstamos Hipotecarios?

Es un tipo de interés, aplicado a la hipoteca de un gran número de españoles, que se obtiene a través de una media de los diferentes TIPOS DE INTERÉS de los productos financieros que llevan a cabo los bancos o las cajas de ahorro.

Es decir, que según lo que hayan negociado los bancos así será el tipo de interés que se aplicará. Ninguna institución ( véase Banco de España por ejemplo) realiza ningún control sobre este tipo de interés negociado solo por las entidades bancarias, lo cual chirria, ya que un producto firmado con consumidores no puede ser negociado exclusivamente por una de las partes.

De todo esto, se desprende de manera clara, que esta clausula es ABUSIVA, ya que deja  al libre arbitrio de los bancos y cajas de ahorros, el tipo de interés a aplicar a las hipotecas de los españoles.

TIPOS DE IRPH:

  • IRPH BANCOS: Se calcula como la media obtenida a partir de los tipos medios de interés de los préstamos hipotecarios por un plazo superior a tres años que han sido concedidos por los bancos.
  • IRPH CAJAS DE AHORRO: Igual que el anterior, pero se utiliza los tipos de interés aplicados en los préstamos formalizados en las cajas de ahorro.
  • IRPH ENTIDADES: es una media de las dos anteriores.

¿Por que se puede reclamar el IRPH?

La cuestión gira en torno, al control de transparencia, que es un control que se aplica a las condiciones generales de la contratación cuando una de las partes es consumidor.

Si queremos entender de qué va todo este asunto, lo primero que debemos hacer es entender en qué consiste el control de transparencia.

Para empezar, el control de transparencia es un control que se aplica a las condiciones generales de la contratación cuando una de las partes del contrato es un consumidor.

¿Y qué son las condiciones generales de la contratación?

Son las cláusulas presentes en contratos que vienen ya predispuestas por el empresario. Son contratos típicos que se utilizan masivamente y en los que no negociamos individualmente, sino que simplemente aceptamos o rechazamos.

Piensa, por ejemplo, en los contratos con las teleoperadoras, compañías eléctricas… Incluso en contratos de préstamo o servicios bancarios. Así que sí, cuando firmaste tu préstamo hipotecario, firmaste un contrato que contenía condiciones generales, entre ellas, el IRPH.

Los controles a las condiciones generales de la contratación

Precisamente por ser predispuestas y no negociadas, para que las condiciones generales tengan efectos tienen que pasar los siguientes controles:

  • Uno, el de incorporación, independientemente de si se contrata con consumidores o no.

Simplemente basta con saber que este primer control vela porque las condiciones generales sean claras, concretas y sencillas, comprensibles directamente y que se entregue un ejemplar de estas antes o en el momento de celebrar el contrato.

  • El control de transparencia. Tan solo aplica si el adherente (el que se acoge al contrato) es un consumidor. Este control se encarga de comprobar si el consumidor realmente ha comprendido el alcance económico y jurídico de las cláusulas del contrato.
  • Otro, el control de contenido, de nuevo aplicable solo cuando quien contrate sea un consumidor, que controla que las cláusulas del contrato no sean abusivas.

Ahora bien, hay ciertas cláusulas que definen lo que se conoce como el “objeto principal del contrato” (por ejemplo, las que se refieren al precio).

En el caso del IRPH, esta condición define el tipo de interés variable aplicable al préstamo, es decir, el precio que pagamos por él. Por ello, es una condición que afecta al objeto principal del contrato. Y estas cláusulas solo pueden someterse al control de contenido si no superan el control de transparencia.

En otras palabras, solamente si el IRPH no supera el control de transparencia podrá someterse al control de contenido y, de no pasar este último, declararse abusivo y, por tanto, nulo. Por eso es tan relevante el control de transparencia en el caso del IRPH.

La Comisión Europea ya se ha pronunciado mediante un informe previo( 31 de mayo de 2018) a la esperada decisión del TJUE,  en el cual propone al organismo europeo responder a las cuestiones prejudiciales planteadas en un sentido favorable al consumidor, dejando claro que este índice debe ser analizado en términos de abusividad( Directiva 93/12).

Por tanto, no esperes más y reclama lo que es tuyo de manera efectiva y rápida.

Desde Camacho Lozano Abogados le queremos ayudar. Tenemos un equipo de expertos en Derecho bancario que le guiarán en el proceso de la forma más adecuada para que usted pueda disfrutar en poco tiempo del dinero que le han cobrado indebidamente.

Pida su cita, para una consulta gratuita en nuestro despacho y le informaremos de todo sin compromiso

Mandando un correo electrónico a legal@cmlzabogados.com o llamando al 952 217 950 para concretar su cita o mándenos una copia de la escritura de compraventa escaneada y le diremos (gratuitamente) el dinero que puede recuperar.

BENEFICIOS DE SUSCRIBIR UN ACUERDO DE SOCIOS EN LAS SOCIEDADES MERCANTILES

La regulación de un acuerdo de socios, permite a la sociedad establecer desde el primer momento la forma de trabajar y funcionar no solo frente a terceros, sino que establece los derechos y obligaciones de los socios.

Constituye una norma de obligado cumplimiento para la sociedad y para los socios que la constituyen.

Normalmente dos personas constituyen una sociedad para desarrollar un negocio, basándose en las expectativas que se van a generar por la experiencia o competencia que cada uno de los socios aportará a la sociedad.

Se recomienda dicha regulación adicional cuando los socios tienen perfiles diferentes, como por ejemplo uno aporta el Know how o experiencia profesional y otro aporta capital.

Sirve para regular la actuación del administrador o el órgano de administración de la sociedad, evitando que el administrador desarrolle el negocio sin ningún tipo de límite o sin tener que contar con la autorización expresa de la junta de socios.

Los derechos de los socios están regulados en la Ley de Sociedad de Capital, pero las obligaciones se pueden establecer por medio de las prestaciones accesorias. Se regulan en la sociedad y permite saber las obligaciones que tiene que cumplir el socio para que permita ejecutarse el plan de negocio, el socio podrá obtener un beneficio o mejor dicho una retribución por dicho trabajo.

Es más puede constituir un marco mínimo aplicable a la sociedad, que permita a la sociedad seguir funcionando sin ningún problema en situaciones de desencuentro entre los socios, es decir, puede evitar que la sociedad ponga en peligro su propia existencia por desencuentros personales entre los socios.

Además permite regular la forma de separarse del socio disidente, la liquidación, acuerdos de reparto de dividendos, precio de recompra de los activos de la sociedad, etc.

Es un medio para evitar las disputas entre los socios debido de divergencias personales.

Y para que conste a los oportunos efectos, se emite el presente resumen de los beneficios del acuerdo de socios.

NO SÓLO LAS CLÁUSULAS SUELO. LOS BANCOS DEBERÁN DEVOLVER TAMBIÉN LOS GASTOS ORIGINADOS POR LA CONSTITUCIÓN E INSCRIPCIÓN DE LAS HIPOTÉCAS

Captura de pantalla 2017-01-11 a las 22.50.07Como bien sabrán, el pasado miércoles día 21 de diciembre, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea volvió a pronunciarse sobre la abusividad de las cláusulas suelo contenidas en préstamos hipotecarios para adquisición de vivienda y declaró que los bancos debían devolver la totalidad de las cantidades recibidas por este concepto, sin límite temporal.

Pero, además, en el último mes ha visto la luz una sentencia del Tribunal Supremo que declara la abusividad de las cláusulas que establece el pago de los gastos derivados de la constitución e inscripción de la hipoteca a cargo del prestatario. Este tipo de cláusulas se encuentra recogida en la mayoría de préstamos hipotecarios y establecen la obligación del consumidor de pagar:

  • Los gastos de notaría.
  • Los gastos registrales.
  • Los impuestos procedentes.

Como decimos, este tipo de cláusula es nula y puede solicitarse que se reintegren las cantidades que ha debido abonar el cliente en aplicación de la misma.

Por lo tanto, nos encontramos en un panorama muy favorable para los clientes que tienen contratado un préstamo hipotecario con una entidad bancaria, pudiendo reclamar:

  • La totalidad de las cantidades abonadas en aplicación de la cláusula suelo, sin límite temporal.
  • Los gastos a los que ha debido hacer frente el cliente en concepto de honorarios de notario, gastos registrales e impuestos.

Sepa que, aunque su hipoteca no contenga cláusula suelo, es muy probable que contenga una cláusula en virtud de la cual usted debió hacer frente a los honorarios del notario, los gastos registrales y el impuesto correspondiente.

Así, si tiene en vigor un préstamo hipotecario que pudiera contener este tipo de cláusulas, le recomendamos que proceda a la revisión de las escrituras de hipoteca e inicie medidas para reclamar la devolución de lo que, al fin y al cabo, es suyo y ha sido cobrado por el banco indebidamente.

En CAMACHO LOZANO ABOGADOS, S.L. contamos con un equipo especialista en Derecho de Consumidores y Economistas con amplia experiencia en reclamaciones a bancos, que estarán encantados de atenderle, asesorarle y defender sus intereses siempre intentando que las reclamaciones tanto judiciales como extrajudiciales tengan el menor coste posible para los clientes.

La primera consulta será gratuita.

 

ANULACIÓN DE RESOLUCIONES NOTIFICADAS A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS POR VICIOS EN NOTIFICACIÓN PRIMERA A TRAVÉS DEL SERVICIO DE CORREOS

Como poníamos de relieve en una entrada anterior, las notificaciones electrónicas de la Agencia Tributaria van adquiriendo cada vez más importancia y relevancia en la vida diaria de los contribuyentes.

No obstante, para ser incluido en el sistema de notificación electrónica, el contribuyente debe recibir primero una notificación a través de correo certificado en la cual se le informe de que va a ser adherido al sistema de notificaciones electrónicas.

Esta primera notificación, a través del servicio de Correos, debe respetar todas las exigencias aplicables a las notificaciones convencionales y acreditar que el contribuyente ha tenido conocimiento de que va a ser incluido en el sistema de notificaciones electrónicas.

A partir de esta primera carta, a través de Correos, la Agencia Tributaria comienza a notificar por medios electrónicos al interesado.

Ahora bien, como adelantábamos, la primera notificación ha de hacerse a través de Correos y respetar todas las exigencias y requisitos aplicables a este tipo de notificaciones, entre las que se encuentra el intento de notificación en el domicilio correcto del ciudadano.

Una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado una liquidación tributaria por un fallo en la primera notificación a través de correo convencional. En el presente caso, la Agencia Tributaria notificó a un frutero de Mercamadrid su inclusión en el sistema de notificación electrónica mediante una primera carta en la que ni siquiera constaba la identificación de la nave industrial en la que se podía hallar a dicho empresario. Teniendo en cuenta que Mercamadrid es un polígono de dos millones de metros cuadrados, la referencia a la nave concreta que le correspondía al frutero era de vital importancia.

Como es obvio, el recurrente alegaba no haber recibido dicha carta.

Una vez más, se anula un procedimiento tributario por vicios en los intentos de notificación.

Si ha sido incluido en el sistema de notificaciones electrónicas sin haber tenido conocimiento de ello, sepa que puede recurrir las resoluciones que le hayan sido notificadas por este medio.

En CAMACHO LOZANO ABOGADOS contamos con un equipo de expertos en Derecho Tributario y Derecho Administrativo que estarán encantados de asesorarle y de defender sus intereses frente a la Administración.

 

Juan Gabriel Guerra Gil. Responsable del Área de Derecho Administrativo.

SI HACIENDA COMPRUEBA EL VALOR DE UN INMUEBLE, QUEDA VINCULADA POR SU PROPIA VALORACIÓN DEL BIEN A EFECTOS DEL IRPF

La reciente crisis inmobiliaria ha producido dos efectos importantes: la caída de los precios de las viviendas y que los bancos acumulen una gran cantidad de inmuebles en propiedad debido a las ejecuciones hipotecarias.

Por este motivo, todos estos años hemos estado asistiendo a un fenómeno que ha afectado a los nuevos adquirentes de vivienda: la compraventa de viviendas por un precio bajo y la posterior comprobación de valores por parte de Hacienda.
Probablemente conocerá el caso: Un particular que compra una vivienda a un banco o a una entidad inmobiliaria asociada por un precio muy inferior al que se solía comprar allá por el año 2009. Se produce la compraventa y se liquida el correspondiente impuesto (cuya base es el precio de venta). El problema viene después, cuando la Agencia Tributaria inicia un expediente de comprobación de valores y, según sus registros catastrales, determina que el inmueble vale más de lo declarado, por lo que el particular debería haber pagado una cantidad mayor en calidad de impuesto.
Así, Hacienda gira lo que se viene llamando una “liquidación complementaria” y exige al particular que le abone la diferencia entre lo que pagó de impuestos y lo que debió pagar.
Pues bien, el Tribunal Supremo determinó el año pasado que la valoración del inmueble realizada por la Administración (en procedimientos sobre el IRPF o ITP-AJD), vincula a todas las administraciones competentes, sobre todo a efectos de determinar el incremento patrimonial del Impuesto sobre las Personas Físicas obtenido como consecuencia de la venta de dicho inmueble.

Así, se daba la paradoja de que habiendo adquirido un inmueble por valor de, por ejemplo, 80, Hacienda entendía que dicho inmueble tenía un valor real de 120, por lo que exigía la cuota tributaria correspondiente. Pero posteriormente, si el particular vendía el mismo inmueble por 130, no se le reconocía la ganancia patrimonial por valor de 10 (120 restado a 130) sino que se aplicaba el valor declarado por el administrado (80 restado a 130), estableciendo un incremento patrimonial de 50.
Por tanto, según la sentencia anteriormente expuesta, Hacienda queda vinculada por su valoración (120 en este ejemplo) a efectos de determinar el incremento patrimonial en el IRPF y debería establecer el incremento patrimonial calculando la diferencia entre el valor calculado por ella misma y el precio de venta del inmueble.
Si está usted incurso en un procedimiento de comprobación de valores por adquisición de una vivienda, ha tenido problemas respecto al incremento patrimonial en el IRPF con motivo de una venta de un inmueble, o simplemente quiere vender un inmueble y necesita asegurarse de dar los pasos correctos para no encontrarse con problemas futuros, no dude en acudir a nuestros profesionales del Área de Derecho Administrativo y de Asesoría Fiscal, quienes solventarán sus dudas de manera inmediata.

Juan Gabriel Guerra Gil
Responsable del Área de Derecho Administrativo.

SE PUEDEN DEDUCIR GASTOS POR ACTIVIDAD ECONÓMICA, AUNQUE EL NEGOCIO ACUMULE PÉRDIDAS

Hasta ahora, Hacienda venía considerando que un negocio que no generaba beneficios, sino pérdidas, durante ejercicios consecutivos, no tenía carácter de “actividad económica”.

Esto ha afectado a muchos autónomos y empresas que, durante la coyuntura económica actual, han visto muy mermados sus ingresos, cerrando sus ejercicios económicos con pérdidas constantes.

No obstante, la realidad es que hay empresas que aun estando en esta situación luchan por sobrevivir y remontar económicamente. Pero mantener una empresa requiere unos gastos fijos (alquiler de local, suministro eléctrico y de agua, línea telefónica, Internet… etc.)

Estos gastos no eran deducibles para Hacienda cuando, por acumular continuamente pérdidas, un negocio no generaba beneficios. La Agencia Tributaria, en estos casos, no ha considerado al negocio que acumula pérdidas como “actividad económica”, imposibilitando, por tanto, la deducción de estos gastos fijos que anteriormente señalábamos.

Pues bien, una reciente sentencia del Tribunal Supremo ha puesto freno a esta forma de proceder y ha declarado que la existencia de beneficios no es un presupuesto para apreciar que exista “actividad económica”, volviendo a abrir la posibilidad de deducción de gastos relacionados con ella.

Por lo tanto, si ejerce usted una actividad económica o conoce a alguien que la ejerza, y no ha podido deducirse ciertos gastos relacionados con su empresa porque Hacienda consideraba que no ejercía “actividad económica” bajo el argumento de que no se generaban beneficios, sepa que puede usted defenderse al respecto.

Para ello, nuestro equipo de Asesoría Fiscal y el Departamento de Derecho Administrativo, estarán encantados de atender sus dudas, asesorarle e iniciar las acciones procedentes en defensa de sus intereses.

Juan Gabriel Guerra Gil

Responsable del Área de Derecho Administrativo

LOS EMBARGOS TRABADOS POR LAS ADMINISTRACIONES PODRÍAN SER DECLARADOS NULOS POR CESIÓN ILEGAL DE DATOS

Hace varios meses saló a la luz una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TSJE) que podría poner a las administraciones de España en un serio aprieto.

La resolución abre la vía de declarar nulas todas las cesiones de datos personales realizadas entre administraciones si esta cesión de datos no ha sido comunicada al interesado/a. Es conocida la práctica habitual de las administraciones de transferirse datos de los administradores entre ellas. Todos sabemos que la Tesorería General de la Seguridad Social cruza datos con la Agencia Tributaria y con los Ayuntamientos. Pues bien, esta cesión de datos ha de ser comunicada al afectado, so pena de ser declarada ilegal y, por tanto, nula.

Así, por ejemplo, si la Seguridad Social comunica a la Agencia Tributaria el alta de un trabajador con motivo de la suscripción de un contrato de trabajo, esa cesión de datos ha de ser comunicado al interesado. De no hacerlo, si de dicha cesión se derivase un embargo sobre el salario que el administrado percibe de su nuevo empleador, se podrá declarar nulo por cesión ilegal de datos personales.

Como podrán apreciar, esto condede al ciudadadano una nueva arma para combatir la omnipotencia de las administraciones y le permite no resignarse ante la costumbre del fisco de cruzar datos entre organismos públicos.

A mayor abundamiento, se han producido recientes modificaciones en el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de Datos que aumentan su regimen de protección y sus garantías.

Así pues, si usted ha sufrido un embargo de Hacienda, de la Seguridad Social o de algún Ayuntamiento y sospecha que dichos embargos han sido trabados con ocasión de una cesión ilegal de datos, no dude en contactar con nuestro despacho. Contamos con especialistas en Derecho Administrativo y Civil plenamente capacitados para defender sus intereses.

 

Juan Gabriel Guerra Gil
Letrado del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga
Resonsable de Área de Derecho Administrativo