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Novedades derivadas del Real Decreto-ley 24/2020 de 26 de junio, publicada el 27 de junio de 2020

En este post, vamos a analizar brevemente los artículos 8 y 9 del Real Decreto-Ley 24/2020 de 26 de junio que versan sobre novedades aplicables a aquellos trabajadores sometidos al régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos. Siendo así, a continuación, dividimos la materia a tratar en dos apartados por el que se tratará individualmente cada artículo:

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BENEFICIOS DE SUSCRIBIR UN ACUERDO DE SOCIOS EN LAS SOCIEDADES MERCANTILES

La regulación de un acuerdo de socios, permite a la sociedad establecer desde el primer momento la forma de trabajar y funcionar no solo frente a terceros, sino que establece los derechos y obligaciones de los socios.

Constituye una norma de obligado cumplimiento para la sociedad y para los socios que la constituyen.

Normalmente dos personas constituyen una sociedad para desarrollar un negocio, basándose en las expectativas que se van a generar por la experiencia o competencia que cada uno de los socios aportará a la sociedad.

Se recomienda dicha regulación adicional cuando los socios tienen perfiles diferentes, como por ejemplo uno aporta el Know how o experiencia profesional y otro aporta capital.

Sirve para regular la actuación del administrador o el órgano de administración de la sociedad, evitando que el administrador desarrolle el negocio sin ningún tipo de límite o sin tener que contar con la autorización expresa de la junta de socios.

Los derechos de los socios están regulados en la Ley de Sociedad de Capital, pero las obligaciones se pueden establecer por medio de las prestaciones accesorias. Se regulan en la sociedad y permite saber las obligaciones que tiene que cumplir el socio para que permita ejecutarse el plan de negocio, el socio podrá obtener un beneficio o mejor dicho una retribución por dicho trabajo.

Es más puede constituir un marco mínimo aplicable a la sociedad, que permita a la sociedad seguir funcionando sin ningún problema en situaciones de desencuentro entre los socios, es decir, puede evitar que la sociedad ponga en peligro su propia existencia por desencuentros personales entre los socios.

Además permite regular la forma de separarse del socio disidente, la liquidación, acuerdos de reparto de dividendos, precio de recompra de los activos de la sociedad, etc.

Es un medio para evitar las disputas entre los socios debido de divergencias personales.

Y para que conste a los oportunos efectos, se emite el presente resumen de los beneficios del acuerdo de socios.

NO SÓLO LAS CLÁUSULAS SUELO. LOS BANCOS DEBERÁN DEVOLVER TAMBIÉN LOS GASTOS ORIGINADOS POR LA CONSTITUCIÓN E INSCRIPCIÓN DE LAS HIPOTÉCAS

Captura de pantalla 2017-01-11 a las 22.50.07Como bien sabrán, el pasado miércoles día 21 de diciembre, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea volvió a pronunciarse sobre la abusividad de las cláusulas suelo contenidas en préstamos hipotecarios para adquisición de vivienda y declaró que los bancos debían devolver la totalidad de las cantidades recibidas por este concepto, sin límite temporal.

Pero, además, en el último mes ha visto la luz una sentencia del Tribunal Supremo que declara la abusividad de las cláusulas que establece el pago de los gastos derivados de la constitución e inscripción de la hipoteca a cargo del prestatario. Este tipo de cláusulas se encuentra recogida en la mayoría de préstamos hipotecarios y establecen la obligación del consumidor de pagar:

  • Los gastos de notaría.
  • Los gastos registrales.
  • Los impuestos procedentes.

Como decimos, este tipo de cláusula es nula y puede solicitarse que se reintegren las cantidades que ha debido abonar el cliente en aplicación de la misma.

Por lo tanto, nos encontramos en un panorama muy favorable para los clientes que tienen contratado un préstamo hipotecario con una entidad bancaria, pudiendo reclamar:

  • La totalidad de las cantidades abonadas en aplicación de la cláusula suelo, sin límite temporal.
  • Los gastos a los que ha debido hacer frente el cliente en concepto de honorarios de notario, gastos registrales e impuestos.

Sepa que, aunque su hipoteca no contenga cláusula suelo, es muy probable que contenga una cláusula en virtud de la cual usted debió hacer frente a los honorarios del notario, los gastos registrales y el impuesto correspondiente.

Así, si tiene en vigor un préstamo hipotecario que pudiera contener este tipo de cláusulas, le recomendamos que proceda a la revisión de las escrituras de hipoteca e inicie medidas para reclamar la devolución de lo que, al fin y al cabo, es suyo y ha sido cobrado por el banco indebidamente.

En CAMACHO LOZANO ABOGADOS, S.L. contamos con un equipo especialista en Derecho de Consumidores y Economistas con amplia experiencia en reclamaciones a bancos, que estarán encantados de atenderle, asesorarle y defender sus intereses siempre intentando que las reclamaciones tanto judiciales como extrajudiciales tengan el menor coste posible para los clientes.

La primera consulta será gratuita.

 

ANULACIÓN DE RESOLUCIONES NOTIFICADAS A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS POR VICIOS EN NOTIFICACIÓN PRIMERA A TRAVÉS DEL SERVICIO DE CORREOS

Como poníamos de relieve en una entrada anterior, las notificaciones electrónicas de la Agencia Tributaria van adquiriendo cada vez más importancia y relevancia en la vida diaria de los contribuyentes.

No obstante, para ser incluido en el sistema de notificación electrónica, el contribuyente debe recibir primero una notificación a través de correo certificado en la cual se le informe de que va a ser adherido al sistema de notificaciones electrónicas.

Esta primera notificación, a través del servicio de Correos, debe respetar todas las exigencias aplicables a las notificaciones convencionales y acreditar que el contribuyente ha tenido conocimiento de que va a ser incluido en el sistema de notificaciones electrónicas.

A partir de esta primera carta, a través de Correos, la Agencia Tributaria comienza a notificar por medios electrónicos al interesado.

Ahora bien, como adelantábamos, la primera notificación ha de hacerse a través de Correos y respetar todas las exigencias y requisitos aplicables a este tipo de notificaciones, entre las que se encuentra el intento de notificación en el domicilio correcto del ciudadano.

Una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado una liquidación tributaria por un fallo en la primera notificación a través de correo convencional. En el presente caso, la Agencia Tributaria notificó a un frutero de Mercamadrid su inclusión en el sistema de notificación electrónica mediante una primera carta en la que ni siquiera constaba la identificación de la nave industrial en la que se podía hallar a dicho empresario. Teniendo en cuenta que Mercamadrid es un polígono de dos millones de metros cuadrados, la referencia a la nave concreta que le correspondía al frutero era de vital importancia.

Como es obvio, el recurrente alegaba no haber recibido dicha carta.

Una vez más, se anula un procedimiento tributario por vicios en los intentos de notificación.

Si ha sido incluido en el sistema de notificaciones electrónicas sin haber tenido conocimiento de ello, sepa que puede recurrir las resoluciones que le hayan sido notificadas por este medio.

En CAMACHO LOZANO ABOGADOS contamos con un equipo de expertos en Derecho Tributario y Derecho Administrativo que estarán encantados de asesorarle y de defender sus intereses frente a la Administración.

 

Juan Gabriel Guerra Gil. Responsable del Área de Derecho Administrativo.

SI HACIENDA COMPRUEBA EL VALOR DE UN INMUEBLE, QUEDA VINCULADA POR SU PROPIA VALORACIÓN DEL BIEN A EFECTOS DEL IRPF

La reciente crisis inmobiliaria ha producido dos efectos importantes: la caída de los precios de las viviendas y que los bancos acumulen una gran cantidad de inmuebles en propiedad debido a las ejecuciones hipotecarias.

Por este motivo, todos estos años hemos estado asistiendo a un fenómeno que ha afectado a los nuevos adquirentes de vivienda: la compraventa de viviendas por un precio bajo y la posterior comprobación de valores por parte de Hacienda.
Probablemente conocerá el caso: Un particular que compra una vivienda a un banco o a una entidad inmobiliaria asociada por un precio muy inferior al que se solía comprar allá por el año 2009. Se produce la compraventa y se liquida el correspondiente impuesto (cuya base es el precio de venta). El problema viene después, cuando la Agencia Tributaria inicia un expediente de comprobación de valores y, según sus registros catastrales, determina que el inmueble vale más de lo declarado, por lo que el particular debería haber pagado una cantidad mayor en calidad de impuesto.
Así, Hacienda gira lo que se viene llamando una “liquidación complementaria” y exige al particular que le abone la diferencia entre lo que pagó de impuestos y lo que debió pagar.
Pues bien, el Tribunal Supremo determinó el año pasado que la valoración del inmueble realizada por la Administración (en procedimientos sobre el IRPF o ITP-AJD), vincula a todas las administraciones competentes, sobre todo a efectos de determinar el incremento patrimonial del Impuesto sobre las Personas Físicas obtenido como consecuencia de la venta de dicho inmueble.

Así, se daba la paradoja de que habiendo adquirido un inmueble por valor de, por ejemplo, 80, Hacienda entendía que dicho inmueble tenía un valor real de 120, por lo que exigía la cuota tributaria correspondiente. Pero posteriormente, si el particular vendía el mismo inmueble por 130, no se le reconocía la ganancia patrimonial por valor de 10 (120 restado a 130) sino que se aplicaba el valor declarado por el administrado (80 restado a 130), estableciendo un incremento patrimonial de 50.
Por tanto, según la sentencia anteriormente expuesta, Hacienda queda vinculada por su valoración (120 en este ejemplo) a efectos de determinar el incremento patrimonial en el IRPF y debería establecer el incremento patrimonial calculando la diferencia entre el valor calculado por ella misma y el precio de venta del inmueble.
Si está usted incurso en un procedimiento de comprobación de valores por adquisición de una vivienda, ha tenido problemas respecto al incremento patrimonial en el IRPF con motivo de una venta de un inmueble, o simplemente quiere vender un inmueble y necesita asegurarse de dar los pasos correctos para no encontrarse con problemas futuros, no dude en acudir a nuestros profesionales del Área de Derecho Administrativo y de Asesoría Fiscal, quienes solventarán sus dudas de manera inmediata.

Juan Gabriel Guerra Gil
Responsable del Área de Derecho Administrativo.

SE PUEDEN DEDUCIR GASTOS POR ACTIVIDAD ECONÓMICA, AUNQUE EL NEGOCIO ACUMULE PÉRDIDAS

Hasta ahora, Hacienda venía considerando que un negocio que no generaba beneficios, sino pérdidas, durante ejercicios consecutivos, no tenía carácter de “actividad económica”.

Esto ha afectado a muchos autónomos y empresas que, durante la coyuntura económica actual, han visto muy mermados sus ingresos, cerrando sus ejercicios económicos con pérdidas constantes.

No obstante, la realidad es que hay empresas que aun estando en esta situación luchan por sobrevivir y remontar económicamente. Pero mantener una empresa requiere unos gastos fijos (alquiler de local, suministro eléctrico y de agua, línea telefónica, Internet… etc.)

Estos gastos no eran deducibles para Hacienda cuando, por acumular continuamente pérdidas, un negocio no generaba beneficios. La Agencia Tributaria, en estos casos, no ha considerado al negocio que acumula pérdidas como “actividad económica”, imposibilitando, por tanto, la deducción de estos gastos fijos que anteriormente señalábamos.

Pues bien, una reciente sentencia del Tribunal Supremo ha puesto freno a esta forma de proceder y ha declarado que la existencia de beneficios no es un presupuesto para apreciar que exista “actividad económica”, volviendo a abrir la posibilidad de deducción de gastos relacionados con ella.

Por lo tanto, si ejerce usted una actividad económica o conoce a alguien que la ejerza, y no ha podido deducirse ciertos gastos relacionados con su empresa porque Hacienda consideraba que no ejercía “actividad económica” bajo el argumento de que no se generaban beneficios, sepa que puede usted defenderse al respecto.

Para ello, nuestro equipo de Asesoría Fiscal y el Departamento de Derecho Administrativo, estarán encantados de atender sus dudas, asesorarle e iniciar las acciones procedentes en defensa de sus intereses.

Juan Gabriel Guerra Gil

Responsable del Área de Derecho Administrativo

LOS EMBARGOS TRABADOS POR LAS ADMINISTRACIONES PODRÍAN SER DECLARADOS NULOS POR CESIÓN ILEGAL DE DATOS

Hace varios meses saló a la luz una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TSJE) que podría poner a las administraciones de España en un serio aprieto.

La resolución abre la vía de declarar nulas todas las cesiones de datos personales realizadas entre administraciones si esta cesión de datos no ha sido comunicada al interesado/a. Es conocida la práctica habitual de las administraciones de transferirse datos de los administradores entre ellas. Todos sabemos que la Tesorería General de la Seguridad Social cruza datos con la Agencia Tributaria y con los Ayuntamientos. Pues bien, esta cesión de datos ha de ser comunicada al afectado, so pena de ser declarada ilegal y, por tanto, nula.

Así, por ejemplo, si la Seguridad Social comunica a la Agencia Tributaria el alta de un trabajador con motivo de la suscripción de un contrato de trabajo, esa cesión de datos ha de ser comunicado al interesado. De no hacerlo, si de dicha cesión se derivase un embargo sobre el salario que el administrado percibe de su nuevo empleador, se podrá declarar nulo por cesión ilegal de datos personales.

Como podrán apreciar, esto condede al ciudadadano una nueva arma para combatir la omnipotencia de las administraciones y le permite no resignarse ante la costumbre del fisco de cruzar datos entre organismos públicos.

A mayor abundamiento, se han producido recientes modificaciones en el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de Datos que aumentan su regimen de protección y sus garantías.

Así pues, si usted ha sufrido un embargo de Hacienda, de la Seguridad Social o de algún Ayuntamiento y sospecha que dichos embargos han sido trabados con ocasión de una cesión ilegal de datos, no dude en contactar con nuestro despacho. Contamos con especialistas en Derecho Administrativo y Civil plenamente capacitados para defender sus intereses.

 

Juan Gabriel Guerra Gil
Letrado del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga
Resonsable de Área de Derecho Administrativo

LLAMAMIENTO A LOS CONSUMIDORES DE BANKIA

Hace pocos días que se ha publicado la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en virtud de la cual se decreta la nulidad de la compraventa de acciones de BANKIA por vicios en el consentimiento.

La sentencia reconoce que hubo engaños a los consumidores en el momento de ofertar la compraventa de las acciones y, por tanto, concurre motivo suficiente para declarar la nulidad de la compraventa y ordenar al banco a devolver a los consumidores cantidades correspondientes.

En este momento existe un gran número de procedimientos judiciales abiertos por consumidores que se han sumado a la ola de reclamaciones, solicitando la nulidad de esta compraventa.

Así que si usted es uno de los compradores de las acciones de BANKIA y está considerando la posibilidad de reclamar judicialmente la nulidad de esta compraventa, ahora hay una sentencia del Tribunal Supremo que le respalda.

No obstante, hay que tener en cuenta que el plazo para solicitar la nulidad por vicios del consentimiento vencería en Mayo de 2016, por lo que cualquier demanda con esta pretensión debería ser planteada con anterioridad al quinto mes de este año.

Si usted desea acudir a los Tribunales para solicitar la nulidad de su compraventa de acciones de BANKIA, no dude en acudir a nosotros. El personal especializado de CAMACHO LOZANO ABOGADOS se encuentra a su disposición para atenderle y gestionar su  caso.

LA IMPORTANCIA DE ACCEDER A LAS NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS DE LA ADMINISTRACIÓN.

Las notificaciones electrónicas están sustituyendo a las tradicionales notificaciones a través del servicio de Correos en las relaciones entre la Administración y el ciudadano.

Desde hace ya algunos años ciertos colectivos, como pequeñas y medianas empresas, se encuentran obligadas a someterse al régimen de notificaciones electrónicas en sus relaciones con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, principalmente.

¿Qué significa esto? Pues que a estos obligados se les asigna un buzón de correo electrónico en el que recibirán, exclusivamente y en forma de e-mail, todas las notificaciones. Se acabó para ellos, por tanto, la imagen del cartero intentando entregar una carta y dejando el tradicional” Aviso de llegada” en el domicilio del interesado. Todo esto se sustituye por un e-mail.

Una vez enviado el e-mail, el ciudadano cuenta con 10 días naturales desde su envío para acceder al documento. Si no accede al mismo. se le tiene por notificado.

¿Qué significa que se le tenga por notificado? Pues que la Administración continúa con el procedimiento haciendo como si el interesado hubiera tenido noticia del documento que se le intenta notificar.

En consecuencia, acceder con frecuencia al buzón habilitado en la sede electrónica de la Administración es importantísimo para tener conocimiento de las comunicaciones que se dirigen frente al ciudadano.

Al contrario de lo que mucha gente piensa, no acceder a la notificación es un auténtico error. No ofrece ninguna garantía. Más bien al contrario, hace que el procedimiento continúe sin que el interesado tenga conocimiento de qué resoluciones se están dictando por la Administración. (Y puede ser tanto una comunicación por la cual se pone en conocimiento del interesado que se va a iniciar un procedimiento de comprobación de valores, como un embargo de su patrimonio por deudas con la Administración.).

Tener acceso a la notificación permite al administrado reaccionar a tiempo ante estas resoluciones, presentando las alegaciones que estime convenientes o interponiendo los recursos que procedan. Es decir: recibir las notificaciones nos permite defendernos contra la Administración.

Esta cuestión está destinada a adquirir mayor importancia en los meses venideros, pues está en curso una nueva reforma de la Ley de Procedimiento Administrativo que tiene visos de entrar en vigor antes de que acabe el 2015. Con ella, se consolida la llamada” Administración electrónica” incrementándose el peso de este tipo de notificaciones y extendiéndose a otro tipo de Administraciones: Ayuntamientos, DGT, etc.

Si tiene alguna duda al respecto, o ha recibido alguna notificación electrónica y no sabe cómo proceder, no vacile en acudir a profesionales del Derecho que sepan qué hacer.

En Camacho Lozano Abogados contamos con un servicio de Asesoría y un Área de Derecho Administrativo integrados por especialistas en estos asuntos, por lo que estaremos encantados de asesorarle al respecto.

 Juan Gabriel Guerra Gil

Responsable del Área de Derecho Administrativo.

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